Cerca de 300 casos son parte de la primera etapa de investigación que desarrolla la Mesa por la Verdad y la Justicia: Perseguidos Políticos Nunca Más integrada por iniciativa del Consejo de la Judicatura (CJ).
Este lunes 05 de noviembre, en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, los integrantes de la Mesa iniciaron las audiencias públicas en las que se recogen los testimonios de varias personas que fueron víctimas de persecución política durante el gobierno del expresidente, Rafael Correa.
El objetivo, según explicó la vocal del CJ, Angélica Porras, es enriquecer el proceso de investigación que se desarrolla sobre los casos que fueron denunciados y debidamente documentados a través del formulario digital que la Mesa activó en la página web de la Judicatura.
“La idea es incorporar información directa de las víctimas”, señaló la vocal, quien agregó que las comparecencias confirmarán los mecanismos que las autoridades políticas y el poder judicial utilizaron para perseguir a los opositores del anterior gobierno.
La funcionaria afirmó que las subcomisiones que integran la Mesa ya han identificado algunos elementos del patrón de persecución que se utilizó en la década pasada.
La detención arbitraria sin que exista la orden de prisión dictada por un juez; la exclusión de pruebas; el manejo irregular del Sistema de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), el traslado de jueces y la falta de tutela judicial, fueron mencionadas por la doctora Porras como las principales características de ese patrón.
Paúl Jácome presidente de la Mesa explicó que de los 1435 casos denunciados a través de la web del CJ, 300 completaron toda la documentación requerida y pasaron a la etapa de investigación. El resto será incluido en un segundo grupo, una vez que se incorpore toda la información solicitada.
Pichincha es la provincia que reúne la mayor parte de denuncias (200). Le siguen Loja (20) y Guayas (18). La mayoría tienen que ver con el caso 30-S. También hay un número importante relacionado con acciones ejecutadas contra los movimientos indígenas y sociales.
La vocal Porras indicó que el informe borrador estará listo en noviembre y el informe final, con los casos analizados en la primera etapa, se presentará en diciembre.
Previo a ello, la Mesa enviará la información recopilada a los ex funcionarios o funcionarios políticos y judiciales identificados como responsables de la persecución para que puedan presentar sus pruebas de descargo.
El objetivo final de todo este proceso, de acuerdo a lo que dijo la vocal Porras, es establecer la verdad y en función de ella, formular recomendaciones sobre las sanciones que se deben aplicar, así como los mecanismos de reparación para las víctimas.
Entrevistas reservadas
Paúl Jácome explicó que la Mesa desarrollará también entrevistas reservadas con los denunciantes que así lo han solicitado para evitar una posible revictimización. Estos encuentros se cumplirán el 13, 14 y 15 de noviembre.
Mientras tanto, este 05 de noviembre las audiencias públicas iniciaron con el testimonio del activista político Fernando Villavicencio quien explicó los nueve casos por los que fue procesado judicialmente.
También estaba previsto que comparezcan: Marcelo Rivera, exdirigente universitario; los dirigentes de la comunidad de Íntag; las víctimas del caso conocido como Francotirador; y las de los casos Gran Hermano y Los Tres de Cotopaxi. Además, se realizó la audiencia del excoronel Fidel Araujo.
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