“Nuestras hijas e hijos deben presenciar un cambio de modelo de relación de género en el hogar, en el trabajo, en la calle, en la escuela, en el Estado, en el país y en la conciencia de cada uno”.
Así lo señaló la Presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, durante su participación en el evento “Violencia en Pandemia: Los retos de la justicia ecuatoriana”, organizado por la Defensoría Pública para conmemorar, este 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En su intervención, la doctora Maldonado se refirió a la cifras de violencia y dijo que cada 72 horas una mujer es asesinada en Ecuador y en lo que va de noviembre, 13 de ellas murieron en manos de sus convivientes. “La violencia no se justifica, la violencia no se tolera porque el incremento de los índices de violencia también depende de nosotras, debemos poner límites”, señaló.
La Presidenta del CJ manifestó que ante este panorama la Función Judicial debe actuar en conjunto y destacó la implementación del sistema de otorgamiento de medidas de protección a víctimas de violencia.
Explicó que en este sistema trabajan de manera coordinada servidores judiciales y administrativos, tenientes políticos, comisarios, intendentes, juntas cantonales de protección y los gobiernos autónomos descentralizados, en el otorgamiento de dichas medidas. “A través de medios telemáticos, en dos horas, el juez puede ratificar o rectificar la medida de protección concedida a la víctima”, señaló.
De igual forma, la doctora Maldonado indicó que el CJ, para garantizar una justicia especializada en materia de violencia, incorporó 110 juezas y jueces, con sus respectivos equipos técnicos y jurisdiccionales, distribuidos en casi 40 Unidades Judiciales Especializadas a nivel nacional, llegando al 70% de la población ecuatoriana. “El restante 30% del país, está cubierto por unidades judiciales que comparten competencia con otras materias. Hemos incrementado más de 300 servidores para materia de violencia a nivel nacional”, dijo.
De su parte, el Defensor Público General, Ángel Torres, señaló que el Estado y los ciudadanos deben trabajar para poner fin a la vulneración de derechos de las mujeres y garantizar el pleno acceso a la justicia y el respeto a la dignidad humana como práctica cotidiana. “Respecto a los casos de violencia de género, la Defensoría Pública es la institución del sistema de justicia responsable de la defensa de las mujeres víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones”.
Como parte de este evento, la Defensoría Pública expuso varias cifras en temas de violencia y realizó la presentación de la edición No. 42 de la Revista Defensa y Justicia.
Este evento contó con la presencia de la Vocal del CJ, Maribel Barreno, y representantes de la Fiscalía, del Patronato San José, de la Intendencia de Policía de Pichincha. También estuvieron de manera virtual, la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, entre otras autoridades de varias instituciones nacionales e internacionales.
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