El Consejo de la Judicatura (CJ) recibió el respaldo de la Federación Ecuatoriana de Notarios (FEN), en su decisión de disponer la apertura restringida del servicio notarial, en todo el territorio nacional.
La FEN, organización que representa a los colegios de notarios de las 24 provincias del país, mediante comunicación del 19 de abril del 2020, manifiesta su coincidencia con las decisiones técnicas y jurídicas del Consejo de la Judicatura, con relación a la imposibilidad de realizar la gestión notarial de manera virtual. “Se trata de una actividad que por su naturaleza es presencial y solo de esta forma se puede dar fe pública”, se indica en la nota.
Los notarios señalan que, “en nuestra legislación es un requisito sine qua non la presencia física de los notarios y de los otorgantes en unidad de acto, puesto que, incluso, está prohibida la delegación por parte del notario, razón por la cual sus funciones las ejercerá de manera personal (artículo 19 de la Ley Notarial)”.
Precisan que los colegios de notarios de todo el país, en coordinación con las direcciones provinciales del CJ, y el respaldo de la FEN, reanudaron el servicio a la ciudadanía, con las debidas restricciones y aplicando los protocolos de bioseguridad para precautelar la vida de los usuarios, notarios y sus colaboradores.
La FEN destaca la importancia del servicio notarial durante la emergencia sanitaria y por ello reitera su voluntad de brindar el servicio de manera parcial, mediante turnos, y cumpliendo estrictamente las excepciones señaladas en la resolución del Consejo de la Judicatura.
Los notarios coinciden en que el CJ no tiene competencia constitucional ni legal para realizar interpretaciones parciales y particulares de la norma e implementar servicios no previstos en el Código Orgánico de la Función Judicial y/o en la Ley Notarial. “Cualquier cambio requerirá una reforma legal”, manifiestan.
Asimismo, consideran que ante a la crisis económica, la utilización de medios virtuales también sería una medida discriminatoria ya que no está al alcance de toda la ciudadanía. Además, la seguridad de la información requiere software y hardware costosos para su implementación centralizada desde el CJ, recursos que pueden servir para atender a las víctimas de la pandemia, entre otros aspectos.
Finalmente, expresan que reconocen la autoridad que tiene la Judicatura sobre las notarías, con base en los principios constitucionales, legales y administrativos.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN
