El Consejo de la Judicatura (CJ) y la Defensoría Pública (DP) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que permite que la DP utilice, sin costo, espacios físicos en las dependencias judiciales de la provincia de Pichincha.

A la suscripción de este acuerdo, que se realizó el 12 de febrero de 2020 en Quito, asistieron los vocales del CJ, Juan José Morillo y Fausto Murillo. El Director Provincial del CJ de Pichincha, Hugo Oliva, como delegado del Director General de la institución, y el Defensor Público, Ángel Torres; firmaron el convenio, que entrará en vigencia inmediatamente y tendrá una duración de cinco años.

El vocal Morillo destacó el trabajo coordinado entre el CJ y la DP. Indicó que con este convenio, se garantiza “la armónica prestación de los servicios” que ofrece cada institución, en el ámbito de sus competencias.

Señaló también que “estas acciones demuestran que las políticas del CJ están encaminadas a mejorar los servicios judiciales en beneficio de la ciudadanía”. Además, recordó que estos acuerdos están contemplados en el Plan Estratégico de la Función Judicial y en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.

El Defensor Público, Ángel Torres, afirmó que este acuerdo permitirá atender de forma oportuna a aquellas personas que necesitan asesoría y patrocinio gratuito.

De esta manera, la Defensoría Pública tendrá oficinas en los complejos judiciales Norte y Sur de Quito; en las unidades judiciales de: Delitos y Contravenciones Flagrantes, Tránsito, Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia (Veintimilla), Especializada contra la Violencia a la Mujer y la Familia; Adolescentes Infractores; y, de Violencia No. 1. También estarán en los complejos judiciales de Cayambe y Rumiñahui; y en las unidades multicompetentes de Machachi, Puerto Quito, San Miguel de los Bancos y Pedro Moncayo.

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