El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), recibió el informe preliminar de la Mesa por la Verdad y la Justicia: Perseguidos Políticos, Nunca Más.

En una reunión realizada el lunes 10 de diciembre, Paúl Jácome, Alejandra Cevallos y Rolando Tapia, representantes de la Mesa, presentaron a las autoridades de la institución un resumen que describe, entre otras cosas, los patrones de persecución política que se aplicaron durante el gobierno de Rafael Correa.

En el encuentro, los delegados de la Mesa pidieron a las autoridades que inicien las acciones disciplinarias contra por lo menos 492 jueces, conjueces y fiscales que tuvieron una actuación irregular en los casos de hostigamiento a través del sistema judicial.

El informe preliminar de la Mesa, que fue presentado en rueda de prensa el pasado lunes, determina que en los últimos diez años en los procesos judiciales contra los defensores de los derechos de la naturaleza hubo ciertos patrones de comportamiento como: conflictos asociados a proyectos de explotación de recursos naturales por empresas extranjeras; ingreso violento a las comunidades por parte de grandes contingentes de la fuerza pública (100-300 policías), entre otros aspectos. “Hay casos en los que se registraron muertes, violaciones, agresiones, quema de casas y cultivos”, dijo.

Además, se iniciaron juicios penales a los líderes sociales; detenciones ilegales, sin boleta de encarcelamiento; tipificación de flagrancias hasta 43 días después; cambio de jueces y fiscales; eliminación de pruebas; y, sentencias sin motivación.

En tanto, en los casos relacionados con los pueblos indígenas, no hubo reconocimiento del ejercicio de la justicia indígena; y los dirigentes fueron encarcelados con multas económicas altas.

De acuerdo al documento, que fue elaborado con varios insumos, entre ellos los testimonios de varias víctimas, señala que en el caso conocido como 30S, el gobierno anterior construyó un enemigo sobre el cual se aplicó con fuerza el Derecho Penal; se calificaron flagrancias hasta tres años después de los hechos; hubo detenciones y allanamientos ilegales; eliminación de pruebas; presión a familiares; y, tortura en lugares de prisión.

La Mesa por la Verdad y la Justicia registró alrededor de 1400 casos de presunta persecución política, 300 de ellos cumplieron los requisitos establecidos para su calificación y luego de un proceso de depuración, quedaron 247 para el análisis definitivo.

Una de las solicitudes que realizaron los integrantes de la Mesa al CJ es que se impulse reformas al Código Orgánico Integral Penal para despenalizar los delitos de opinión y que se reforme la Ley de Víctimas y Reparaciones con el objetivo de que quienes sufrieron acoso político no tengan límite de tiempo para realizar sus reclamos.

La Mesa entregará el informe preliminar a organizaciones de Derechos Humanos, universidades y a las personas que participaron en este proceso para que realicen sus observaciones. El documento definitivo estará listo en enero de 2019.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN