Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 95% de refugiados en el Ecuador son ciudadanos colombianos y más de 6.000 personas han obtenido el estatus legal de refugiados en Esmeraldas, en lo que va de 2018.
De igual forma, durante este año se registró un importante ingreso de ciudadanos venezolanos al país y muchos de ellos decidieron quedarse en la provincia de Esmeraldas buscando empleo en áreas como la de servicios turísticos.
Frente a problemáticas como esta, el Consejo de la Judicatura busca fortalecer las capacidades de los jueces, fiscales y defensores públicos de la provincia en temas de Movilidad Humana y Trata de Personas.
En este contexto, el 16 y 17 de noviembre del presente año, en la ciudad de Esmeraldas se desarrolló una jornada de capacitación sobre estos temas, con la coordinación del Departamento de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura y el apoyo técnico de ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones Ecuador (OIM).
En el acto inaugural, Ludi Quintana, subdirectora nacional de Derechos humanos de la Judicatura, mencionó que la trata de personas es un delito punible en el Ecuador, según la Constitución del Estado.
Señaló que en el marco de las competencias institucionales, el CJ busca compartir con los jueces, fiscales y defensores públicos, herramientas y técnicas para la protección de las personas que, por su condición social, étnica o de nacionalidad, podrían encontrarse en situaciones de vulneración de sus derechos.
Los operadores de justicia fueron capacitados en temas como: el manejo y prevención de la trata de personas desde el ámbito jurisdiccional; los perfiles de protección en el contexto de la migración; y, los estándares del debido proceso y garantías judiciales para la protección de personas en situación de movilidad humana y en necesidad de protección internacional.
Raúl Celi, juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Esmeraldas, expresó que al participar de esta capacitación, los operadores de justicia adquieren herramientas importantes para la resolución de causas judiciales en contra de la trata de personas.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN
