Construir un protocolo binacional ecuatoriano - peruano para la investigación, tratamiento y judicialización de la trata de personas, así como para la protección de las víctimas de este delito fue uno de los acuerdos logrados en el II Encuentro Binacional de Operadores de Justicia sobre trata de personas realizado en Arenillas (El Oro), el pasado viernes 19 de octubre.
La creación del protocolo, que se incluyó como parte de la Declaración de Arenillas suscrita por autoridades y cortes judiciales de ambos países, permitirá que se avance en mecanismos de cooperación para el combate a las redes de trata de personas que operan en las fronteras, según explicó la vocal del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Angélica Porras, impulsora del evento.
El mayor interés es que las fiscalías y policías de Ecuador y Perú compartan información, sin mayor trámite judicial. Además, parte de este compromiso es avanzar en mecanismos para atender a las víctimas rescatadas de las redes de trata y definir cómo será su reinserción en la sociedad. “Muchas veces se judicializa el caso, se condena el delito, pero a la persona tratada no se le repara sus derechos”, señaló la vocal Porras.
Perú Valentín La Rosa, presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes (Perú), consideró que hay que fortalecer la coordinación con la Policía ecuatoriana para darle celeridad a los procesos. Él relató que en su país, solo el 7 % de estos casos recibe una condena.
Durante el encuentro, se desarrollaron cuatro mesas de trabajo sobre: Investigación y Judicialización de Casos; Rutas y Protocolos; Protección de Víctimas de Trata; y, Fortalecimiento de la Cooperación para la Asistencia Penal Internacional. En cada una de ellas participaron delegados de organizaciones involucradas en la erradicación de este delito, de organismos no gubernamentales, presidentes de los distritos judiciales de Piura, Cajamarca, Sullana, Amazonas (Perú) y de la sociedad civil de Ecuador.
En este marco, Corina Sáenz, representante de la Organización Internacional de Migraciones alertó que los flujos migratorios de ciudadanos venezolanos y colombianos que actualmente recibe Ecuador vuelven vulnerables a las mujeres y niñas que viajan solas. “Son blancos fáciles de estas redes de trata porque no disponen de información”, señaló.
Este delito que es ejecutado por mafias transnacionales, reporta una ganancia mundial anual de más de 32.000 millones de dólares, según datos de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNO-DC).
Asimismo, cada año, entre 600.000 y 800.000 personas son desplazadas dentro de sus países o a través de las fronteras, para ser sometidas a todo tipo de explotación.
En Ecuador, entre 2014 y 2017, se reportaron 634 casos, en su mayoría las víctimas son mujeres y niñas de Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas, Quevedo, Otavalo, Machala, Huaquillas, entre otras.
Es por esta razón que el Consejo de la Judicatura se encuentra desarrollando una serie de talleres a operadores de justicia que conocen casos relacionados con el delito de trata.
Las jornadas de capacitación se desarrollan en provincias como Carchi, El Oro, Sucumbíos y Esmeraldas, zonas que, por su cercanía a las fronteras norte y sur del país, registran una alta incidencia de casos relacionados con explotación laboral y sexual.
Lo que se pretende también es que a través de este tipo de actividades, los jueces y demás operadores de justicia cuenten con las herramientas teóricas necesarias para aplicar las leyes vigentes y convenios internacionales sin vulnerar los derechos de quienes se encuentran en situación de movilidad.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN
