El Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Marcelo Merlo y las vocales Angélica Porras y Zobeida Aragundi, se reunieron con el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión y de Opinión, David Kaye.
En el encuentro, que se realizó el miércoles 10 de octubre, en la sede del CJ, las autoridades dialogaron sobre “Los retos y desafíos en materia de justicia en los últimos años; la utilización del Derecho Penal con relación a la libertad de expresión”.
El titular de la Judicatura recordó que en Ecuador, durante el gobierno anterior, la libertad de expresión fue afectada. “Se ha discutido mucho sobre la conveniencia o no de (tener) una ley que regula todo lo que tiene que ver con las comunicaciones”, dijo.
El doctor Merlo sostuvo que “la libertad de pensamiento es la libertad de expresión. Ningún régimen puede atentar contra esa condición de la especie humana, los que han intentado vulnerar este derecho se han equivocado y tarde o temprano son calificados como tiranos”, dijo.
Por su parte, el relator especial de la ONU, David Kaye, manifestó que “la libertad de expresión debería ser protegida y promovida por el Estado”. También se mostró interesado en conocer los problemas que ha tenido el actual CJ, en relación a la actuación de jueces que tratan casos de violación a los Derechos Humanos (DDHH) y a la libertad de expresión.
Por su parte, la vocal Angélica Porras, explicó que el CJ conformó una mesa de trabajo con el fin de establecer cómo se utilizó la justicia, en el gobierno anterior, para perseguir a determinados grupos defensores de DDHH, comunicadores sociales, líderes sociales y pueblos indígenas.
La comisión que trabaja en el tema de Libertad de Expresión recibió 80 denuncias sobre persecución política a través de juicios penales, por terrorismo y sabotaje, en contra de comunicadores sociales. Explicó que en estas denuncias, jueces y fiscales, están directamente involucrados.
También, dijo que existen alrededor de 2.000 casos que no han tenido una respuesta de la justicia, sino solo a través de mecanismos administrativos.
De su parte, la vocal Zobeida Aragundi manifestó que en Ecuador la justicia se utilizó para reprimir a ciertos sectores de la sociedad.
Informó también que el CJ resolvió solicitar a la Fiscalía General que inicie una investigación contra el exfiscal, Galo Chiriboga, por el caso Fundamedios, a través del cual se denunció la falsificación de la Ley de Comunicación, por parte de la Superintendencia de Comunicación, que permitió perseguir a medios y periodistas; sin embargo, dicho proceso fue archivado. Existiría un delito de fraude procesal, advirtió.
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