El Consejo de la Judicatura (CJ), a través de su Presidente, Marcelo Merlo, solicitó a la Contraloría del Estado y a la Fiscalía General que investiguen posibles sobreprecios en la construcción de edificios judiciales durante las anteriores administraciones.
Un estudio realizado por la Dirección de Infraestructura Civil del CJ permitió identificar que por ejemplo, los Complejos Judiciales Quito Norte, Guayaquil Norte (Florida), Otavalo y Latacunga registraron un excedente de entre 28 % y 72 % en sus respectivos costos de construcción.
El doctor Merlo, en rueda de prensa, este miércoles 26 de septiembre, explicó que, como parte de las acciones que el CJ desarrolla para combatir la corrupción, se realizó un examen que determinó también irregularidades en contratos de consultoría y diseño, etapas de fiscalización de las obras y adjudicación de proyectos para grupos que mantenían nexos familiares con una de las exautoridades de la institución.
José Cisneros, coordinador estratégico de la mencionada Dirección indicó que el análisis, en su segmento de costos, incluyó a tres obras ejecutadas por el Consejo de la Judicatura de Transición (periodo 2011 - 2013) y una por el Consejo de la Judicatura definitivo (periodo 2013 -2018).
Los resultados revelaron que el Complejo Judicial de Latacunga fue construido por un monto de USD. 7’ 141 646,00 cuando en realidad debió costar USD. 1’ 999 660,88. En este caso el porcentaje de sobreprecio sería del 72 %.
Cosa similar sucedió con el Complejo Judicial de Otavalo, cuyo costo fue USD. 7’ 736 570, 50. El precio real era USD. 3’ 249 359, 61, es decir, hubo un excedente de gasto del 58 %.
La situación se repitió en el Complejo Judicial Guayaquil Norte (Florida). La obra fue levantada con una inversión de USD. 34’ 791 346, 94. No obstante, el desembolso debió ser de solo USD. 17’ 047 760, 00. El incremento llegó a 51%.
En lo que respecta al Complejo Norte de Quito, su construcción costó USD. 55’ 857 092, 67. El gasto real debió ser de USD. 40’ 132 996, 67, esto significa que hubo un aumento del 28 %.
En los cuatro casos, el análisis financiero se realizó con base en la comparación de los precios contratados versus los precios institucionales actuales (2018), señaló el Presidente Merlo.
Mandato de emergencia judicial
La mayoría de problemas detectados en la ejecución de obras surgieron a partir de la declaratoria de emergencia de la Función Judicial que nació por mandato de la Consulta Popular del 7 de mayo de 2011.
El Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición debió cumplir el citado mandato, pero fue el director general de ese entonces quien se atribuyó esas funciones. Para ello, expidió la resolución No. 01-CJT-DG-2011, en cuyo artículo 6 se determinó que él mismo debía encargarse de la ejecución de las disposiciones contenidas en ese documento.
A partir de esa resolución, entre 2011 y 2013, se gastaron aproximadamente USD. 304 millones.
Contratos de consultoría de estudios, diseños y ejecución de obras
El informe contiene también observaciones sobre la forma en que el CJ Transitorio, contrató, entre 2011 y 2012, consultorías para los estudios y diseños de los edificios judiciales, por un monto de USD 10.1 millones.
Se determinó por ejemplo, que 56 contratos de consultoría se elaboraron con base en apenas dos tipos de términos de referencia. Los plazos determinados para la entrega de los respectivos productos (incluidos los planos aprobados por los municipios), fueron de solo 15 y 60 días, plazos que, según el examen, eran insuficientes para el cumplimiento de los requisitos. Incluso, con un solo contrato se adjudicó la consultoría de 20 proyectos de obra.
En este marco, se inició la ejecución de 87 proyectos, muchos de ellos sin contar con los estudios, o diseños ni tampoco con la documentación habilitante, es decir, permisos de construcción, ambientales o de habitabilidad.
Según Cisneros, esto derivó en problemas posteriores como la falta de títulos de propiedad de los terrenos sobre los que se construyeron las edificaciones; entrega de productos deficientes y fuera del plazo; retrasos y suspensiones en la ejecución de las obras; incremento de costos; construcciones defectuosas; y, pago de rubros extracontractuales.
Adjudicación de obras a grupos familiares
Dentro de las obras de emergencia judicial, cinco primos del expresidente del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), Paulo Rodríguez, figuraron como superintendentes de obra y personal técnico de la empresa C&C Constructores que, a un costo de $ 20,8 millones, remodeló el edificio de la Corte Provincial del Guayas.
El contrato se firmó entre el entonces director general del CJ de Transición, Mauricio Jaramillo, y los socios de C&C Constructores, Jorge Coppiano y Byron Vallejo (apoderado del Patricio Cabal, otro de los socios).
Coppiano construyó, además, el edificio judicial de Samborondón (USD. 2.8 millones) y remodeló los exjuzgados de Guayaquil ubicados en las calles Tulcán y Luque (USD. 3.1 millones ); mientras tanto, Cabal remodeló el edificio judicial Albán Borja de Guayaquil (USD.1,8 millones) y los juzgados de Milagro (USD. 989 mil).
En otro caso, la investigación determinó que, para la construcción de cinco edificios, varias empresas confluyeron en una sola oficina al norte de Quito. Ahí funcionaban las constructoras Smartbilden y Advanced Construction Concepts (ACC), relacionadas familiar y societariamente. Los accionistas de ambas empresas eran padre e hijo respectivamente.
Esta última empresa fue la que construyó el Complejo Judicial de Latacunga, mientras que Smartbilden ejecutó la edificación de las unidades judiciales de Quero, Salcedo, Otavalo y Esmeraldas.
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