El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) acudió, este 14 de septiembre, a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, para explicar las acciones desarrolladas por la institución en cuanto a la evaluación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y exponer sus criterios técnicos sobre proyectos de reformas a varias  normativas que se tramitan en esta instancia.

Durante su exposición, el Presidente del CJ, Marcelo Merlo, se refirió a la evaluación  a la CNJ y dijo que este proceso está en marcha y se realizará bajos algunos parámetros, aprobados por unanimidad por el Pleno de la Judicatura.

Indicó que uno de ellos es el de la legitimidad en el que se tomará en cuenta el informe de la Contraloría General del Estado sobre cómo fueron designados los integrantes de la Corte. “Ahí aparecerán quiénes están legítimamente en sus funciones y quiénes no”, sostuvo.

Explicó que otro aspecto de valoración es la transparencia y para ello se firmará un convenio de cooperación con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), con el fin de investigar el patrimonio de los jueces evaluados.

“Hemos dispuesto que desde el Consejo de la Judicatura se envíe información al día sobre todas las sentencias dictadas en casos de lavados de activos, peculado, narcotráfico y otros delitos contra el Estado”, señaló. 

El doctor Merlo sostuvo que todos los vocales están de acuerdo en que la evaluación técnica se realice con el aporte de veedurías nacionales e internacionales así como con la intervención del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. “De tal manera que el proceso de evaluación sea independiente, transparente y con profesionalismo”, manifestó.

Reformas al Código Orgánico de la Función Judicial

El vocal Juan Pablo Albán explicó las observaciones que tiene el CJ sobre el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Por ejemplo se refirió al error inexcusable y dijo que esta figura debe mantenerse, pero que se requiere una definición clara que guíe a los jueces cuando apliquen este recurso.

También indicó que son los jueces, y no el CJ, quienes tienen que declarar la existencia de error inexcusable, el cual debe aplicarse a los administradores de justicia y no a los funcionarios judiciales administrativos.

Asimismo, dijo que tiene que aclararse la aplicación del error inexcusable en cuanto a los integrantes de la CNJ.

Al referirse a la posibilidad de eliminar la prohibición de que un abogado del sector público pueda ejercer el libre ejercicio, el vocal Albán señaló que el CJ no está de acuerdo con este planteamiento. “Creemos que esto puede generar conflicto de intereses”, indicó.

Observaciones a otros proyectos de ley

El doctor Albán, a nombre del CJ, también realizó objeciones al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y señaló que esta normativa va contra normas constitucionales y dictámenes internacionales. 

De su parte, la vocal Angélica Porras habló sobre las reformas al Código Orgánico General de Procesos, donde  se plantean cambios en la calificación de la demanda, análisis de los recursos de casación, aplicación de medidas cautelares en procesos contenciosos administrativos, entre otros.

Indicó que, por ejemplo, se propone reformar lo relacionado con el despido intempestivo y el despido ineficaz. “Los jueces que sentencian despido ineficaz muchas veces sugieren que primero se conozca el caso como despido intempestivo. Esto deja en indefensión a las trabajadoras”, señaló.

En tanto, el vocal Aquiles Rigail expuso propuestas que recogen la opinión de los abogados del país. Una de ellas, es que se retome la vacancia judicial. “La rotación de jueces, secretarios y demás operadores judiciales provoca la demora en la resolución de los procesos”, señaló.

Finalmente, la vocal Zobeida Aragundi explicó que el CJ trabaja con organizaciones de mujeres, operadoras de justicia y expertas nacionales, en la creación de un procedimiento especial y expedito para tratar los casos de  violencia de género.

También, indicó las acciones desarrolladas por el CJ en el marco de la aplicación de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN