Las autoridades del Consejo Nacional de la Magistratura, los Presidentes de Cortes Superiores de Justicia y de las Juntas de Fiscales de Perú, conocieron pormenores de la reforma judicial del Ecuador.

El Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, explicó la noche del 1 de marzo, en Lima, cómo se desarrolló la transformación del sistema de justicia ecuatoriano y cuáles son sus resultados.  Esta exposición se cumplió como parte de la invitación realizada al doctor Jalkh a la ceremonia de juramentación de las autoridades del Consejo de la Magistratura peruano.

En su intervención, el titular del CJ señaló que en la reforma judicial de Ecuador ha sido clave la denominada Mesa de Justicia que reúne a instituciones como el Consejo de la Judicatura; la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior quienes, de forma coordinada y respetando el ámbito de sus competencias, identifican políticas y acciones que garantizan el acceso de los ciudadanos a los servicios judiciales y permiten una lucha efectiva contra la impunidad.

Recordó que fueron esas instituciones las que, en 2013, diseñaron el Plan Estratégico de la Función Judicial, que contiene la misión, visión y objetivos del nuevo sistema judicial de Ecuador.

Explicó que en ese contexto, un eje fundamental ha sido la ampliación de la cobertura judicial. Antes Ecuador tenía ocho jueces por cada 100 mil habitantes y actualmente, más de 12 lo que ubica al país por encima del promedio regional que es de 11.

“Prácticamente aumentamos un 40 %, casi duplicado la presencia judicial”, señaló y destacó que en 2011, el 70 % de jueces eran temporales o de contrato a diferencia de hoy, que todos los jueces provienen de un concurso público de merecimientos con impugnación ciudadana, el cual contempla pruebas teóricas, prácticas e incluso psicológicas.

“No solamente son más jueces civiles o laborales, también tenemos jueces especializados, por ejemplo, en violencia intrafamiliar o en delitos cometidos por adolescentes infractores”, indicó y agregó que los administradores de justicia ecuatorianos cuentan con procesos de capacitación continua a cargo de la Escuela de Función Judicial.

Afirmó que tan importante como el ingreso meritocrático es la evaluación de desempeño que a su criterio, permite evitar la burocratización de los jueces. “La evaluación fomenta la productividad judicial (…) Es exigente y no regala nada a nadie. En Ecuador, en 2016, 1852 jueces de 1870 examinados, pasaron la evaluación. Solo 18 se quedaron, es decir, apenas el 1 %”.

Para el doctor Jalkh, otro elemento clave de la transformación es la aplicación del sistema disciplinario mediante el cual, se atienden las quejas de los usuarios y se garantiza la transparencia de las acciones de los operadores de justicia. “Hoy nuestros tiempos de respuesta a los ciudadanos son de dos o tres meses máximo y el 85 % de quejas termina con la ratificación de inocencia de los funcionarios”.

Resaltó que todo esto fortalece la independencia judicial “que no es un derecho del juez, sino de los ciudadanos”.

En cuanto a normativa, recordó que en Ecuador están vigentes el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) que promueven la oralidad procesal para todas las materias.

Indicó que la aplicación de estos cuerpos legales, ha permitido tener servicios judiciales más ágiles y eficientes, así como generar un importante ahorro económico al Estado.

Como ejemplo de ello, mencionó que el juicio Ejecutivo (contemplado en el COGEP), que sirve para el cobro de un pagaré o de una letra de cambio, antes duraba aproximadamente 700 días, pero ahora se resuelve en un promedio de 82.

Cosa similar ocurre en el juicio Ordinario. Antes, estos procesos se resolvían en un promedio de  824 días, pero ahora son resueltos en 128. “El juez debe tomar una decisión en audiencia y se demanda y contesta con pruebas. Ya no cabe la sorpresa procesal o el testigo de última hora”.

En materia Penal y lucha contra la impunidad, destacó el trabajo de las Unidades de Flagrancia, cuyo modelo de gestión, basado en la coordinación interinstitucional entre jueces, fiscales, policías, defensores públicos, etc. es replicado en ciertas jurisdicciones de Perú.

“Las Unidades de Flagrancia contribuyen a la seguridad ciudadana (…) En Ecuador, 138 mil infracciones flagrantes fueron atendidas, bajo el debido proceso, desde agosto de 2014”, indicó y agregó que procedimientos como el juicio directo permiten sancionar los delitos de manera más clara y rápida.

De igual forma, el doctor Jalkh se refirió a la importancia de la diversificación de los servicios judiciales a través de métodos alternativos de solución de conflictos como la mediación.

Señaló que en el país, de las audiencias de mediación instaladas, el 89 % termina en un acuerdo, lo que ayuda a descongestionar el sistema de justicia.

Reunión con autoridades judiciales de Perú

Este jueves 2 de marzo, el Presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, mantuvo una reunión de trabajo con el pleno del Consejo Nacional de la Magistratura del Perú.

En ella se dialogó acerca de la línea de cooperación judicial existente entre los Poderes Judiciales de ambos países.

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