El Consejo de la Judicatura (CJ) presentará este 25 de noviembre, ante la Asamblea Nacional, un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público para que los funcionarios que hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por una contravención o delito de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, estén prohibidos de ejercer un cargo de forma definitiva en la institución en la que laboraban al momento de cometer este tipo de hechos. Los servidores sancionados, además, no podrían trabajar en ninguna institución pública, al menos por un período de dos años.
Así lo anunció el Presidente del CJ, Gustavo Jalkh, durante un evento de conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se realizó hoy en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
El titular del CJ dijo que en el tema de violencia debe haber una legislación radical que permita al agresor reflexionar sus acciones y en el caso del sector público, “por lo menos le disuada el hecho de que puede perder definitivamente su trabajo”.
Durante la ceremonia, el CJ reconoció a Yessenia Paola Iza Pilataxi como un ejemplo de la defensa de los derechos de las mujeres. Ella fue víctima de discriminación laboral, pero un fallo de la Corte Constitucional le dio la razón y la reintegró a su puesto de trabajo en el Cuerpo de Bomberos de Archidona.
De igual forma, el Presidente Jalkh entregó una placa de reconocimiento a Moni Pizani, representante de ONU Mujeres en Ecuador, por su destacada trayectoria y comprometidas acciones para la eliminación de la violencia de género en nuestro país.
Según el doctor Jalkh, el trabajo de Pizani es un ejemplo para incorporar políticas públicas orientadas a la protección de los derechos femeninos.
De su parte, la funcionaria internacional reconoció la apertura y la voluntad del CJ para coordinar acciones que frenen la violencia contra las mujeres. Señaló que trabajar con este tipo de instituciones “ha significado una bocanada de aire fresco en esta lucha”.
Asimismo, el CJ resaltó la importancia de la campaña solidaria HeforShe, creada por ONU Mujeres para involucrar a hombres de todo el planeta en la lucha contra este tipo de violencia.
El doctor Gustavo Jalkh fue la primera autoridad del país en adherirse a esta cruzada el 29 de enero de 2015. “En lo personal ha significado abrir los ojos para mirar los ejemplos de Yessenia Paola, Moni Pizani y Malala Yousafzai (Premio Nobel de la Paz), para darnos cuenta que nadie es más que el otro, sino que somos iguales”, dijo.
Según el Presidente Jalkh, la desigualdad de género es una pandemia mundial y es una asignatura pendiente de la humanidad. “Solo podremos salir adelante como especie humana si nos comprometemos a asumir la dignidad del otro”, indicó.
Para consolidar el compromiso de la Función Judicial ecuatoriana con HeForShe, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Carlos Ramírez; y los vocales del CJ Néstor Arbito y Alejandro Subía firmaron su compromiso de adhesión a la campaña. A ellos se sumaron otros jueces y funcionarios.
De su parte, la vocal Karina Peralta presentó el “Manual para una vida libre de violencia” y señaló que este instrumento permite que las víctimas de agresiones ejerzan su derecho de acceso a la justicia de manera integral.
Explicó que el documento, que recoge propuestas de organizaciones de la sociedad civil, tiene nueve unidades en las que se explican detalles, como los factores que perpetúan la violencia y sus tipos y los avances judiciales en esta materia.
Durante la mañana, la vocal Peralta participó además en el Seminario Internacional “Femicidio en el Ecuador”, organizado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales.
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