La evolución de la justicia ecuatoriana es reconocida no solo por los poderes judiciales de la región, sino también por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo representante en Ecuador, Morgan Doyle, destacó el proceso de innovación del marco legal del país y el fortalecimiento del sistema judicial en sus diferentes aspectos.
Este jueves, 28 de julio, Doyle participó en la inauguración del “2° Seminario Internacional: El Código Orgánico General de Procesos del Ecuador (COGEP) y la Oralidad en América Latina”, que se realiza en Quito, con la presencia de delegados de Costa Rica, Puerto Rico, Uruguay y Ecuador.
El representante del BID explicó que, considerando la trascendencia de las reformas legales impulsadas, ese organismo entregó al Consejo de la Judicatura (CJ) un aporte de 400 mil dólares no reembolsables, recursos invertidos en el fortalecimiento de los procesos de capacitación y formación de los operadores de justicia en temas de oralidad.
“La estrategia nuestra, como Banco Interamericano de Desarrollo, de modernización del Estado nos orienta a apoyar el desarrollo de sistemas de administración de justicia que son independientes, eficaces, confiables y accesibles”, afirmó Doyle quien además, subrayó la incidencia que este tipo de reformas tienen a nivel internacional.
“Nos complace acompañar este emprendimiento y quisiera destacar mucho el interés genuino del Consejo, de su Presidente y de sus vocales, en evaluar el impacto de las reformas y de las inversiones que se van realizando a través de métodos científicos. Esto va a ser un aporte no solo para Ecuador, sino para toda la región. Yo creo que su país es vanguardista en esta reforma”, aseguró.
Doyle agregó que “la transformación que se ha emprendido en Ecuador en cuanto a la inversión en infraestructura y en este nuevo Código de Procesos, realmente es un paso muy importante. Tengo la mejor impresión de la cantidad de recursos y del esfuerzo, tanto intelectual como de parte de todos los involucrados, en hacer que la justicia sea aún más ágil y efectiva”.
En su discurso, el Presidente del CJ, Gustavo Jalkh, agradeció el respaldo recibido por parte del BID y de otras instancias internacionales que acompañan a Ecuador en el proceso de cambio profundo de su sistema de justicia.
El doctor Jalkh coincidió con Doyle en que tener una nueva justicia mejora la vida de los ciudadanos y contribuye en la consolidación de la democracia. En ese contexto, explicó que la oralidad civil está en sus primeras etapas de aplicación y que por lo tanto, puede ser mejorada. No obstante, destacó que el COGEP es la reforma jurídica más importante que el país ha tenido en décadas.
“El sistema oral y público, para nosotros, no es una metodología de tramitación de procesos, no es un concepto. Es una garantía de los ciudadanos y ciudadanas y además es una exigencia ética.”, indicó.
El titular del CJ añadió que los principales desafíos de la oralidad no están en las reformas o perfeccionamientos que podrían aplicarse al COGEP, sino en asumir los principios del nuevo sistema en una dimensión ética. “Con el gran reto que significa dejar hábitos y costumbres atadas a un procedimiento escrito en el cual estábamos muy cómodos por lo que él ofrecía”, afirmó.
Para el doctor Jalkh, la aplicación del COGEP requiere que los actores judiciales asuman exigencias que tienen que ver con una correcta presentación de las demandas y de las respectivas contestaciones; una adecuada tramitación de las causas; una litigación leal y alejada de las sorpresas procesales; y, una actuación transparente de los jueces quienes deben resolver en audiencias públicas.
“El sistema escrito puede esperar, el sistema oral no espera, la justicia en audiencias no espera y nos obliga a todos a ser mejores, abogados, abogadas, jueces, juezas, operadores del sistema de justicia. Ese es el real compromiso que debemos asumir”, enfatizó.
El Presidente Jalkh recordó que es imprescindible que quienes están involucrados en la aplicación de la oralidad se actualicen, reflexionen, debatan sobre el contenido y alcances de la normativa, “para entender totalmente su filosofía” y así, servir mejor a los ciudadanos.
El seminario se extenderá hasta este viernes 29 de julio y asisten 300 personas, entre abogados en libre ejercicio, estudiantes de Derecho, funcionarios judiciales, etc.
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