La Presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado Sánchez, participó, este martes 13 de octubre de 2020, en el debate general de la Décima Sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (COP-UNTOC), que se realiza de manera virtual.
Durante su intervención, la doctora Maldonado manifestó que, para el Ecuador, el combate contra la corrupción y a la delincuencia organizada es una prioridad nacional.
Explicó que el CJ, a través de sus ejes de acción Lucha contra la corrupción y Fortalecimiento institucional, generó varias acciones, una de ellas fue su vinculación formal a la Red Mundial de Integridad Judicial, en calidad de centro de entrenamiento. “Este compromiso nos permite difundir las herramientas de formación provistas por la Red, pero además fortalecer programas de capacitación inicial y continua de nuestros operadores”, indicó.
Respecto a medidas en el marco jurídico, la doctora Maldonado explicó que el CJ solicitó a la Asamblea Nacional del Ecuador la inclusión de la materia de Delincuencia Organizada Trasnacional en el Código Orgánico de la Función Judicial, reforma que fue aprobada y con la cual se podrán crear unidades distritales penales especializadas en el combate contra la corrupción y crimen organizado. “De esta manera podemos especializar a nuestros operadores de justicia en el tratamiento de delitos cada vez más complejos y de alto impacto social”, sostuvo.
En esta línea, la Presidenta señaló que, en septiembre de este año, se especializó a más de 200 juezas y jueces en el tratamiento de delincuencia organizada transnacional, con el apoyo de la Organización Panamericana para el Desarrollo, a través de la Escuela de la Función Judicial.
De la misma forma, se refirió a la independencia judicial y dijo que el CJ rechaza las amenazas realizadas contra un juez que conoce un proceso penal, iniciado recientemente en el Ecuador. “Como Consejo de la Judicatura hemos activado los correspondientes protocolos de seguridad y protección, expedidos en el año 2019. Rechazamos cualquier injerencia contra nuestros jueces”, manifestó.
La Presidenta del CJ consideró que las acciones disciplinarias contra las y los jueces son una medida importante en la lucha contra la delincuencia organizada e indicó que, entre 2019 y 2020 fueron destituidos 100 servidores judiciales, entre ellos, 49 jueces y 14 agentes fiscales.
Finalmente, ratificó el compromiso del Ecuador y el Consejo de la Judicatura en el combate a la corrupción y la delincuencia organizada.
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